El mercado cautivo y la abolición del capitalismo

Desde hacia tiempo, la Cámara se venía quejando de la pasividad con que las

autoridades atendían las denuncias de los propietarios relacionadas con los inquilinos y

del escaso auxilio que les prestaban; pero también temía que se adoptaran medidas

drásticas con respecto a los desahucios, por los problemas que pudieran acarrear.

Considerará más prudente esperar a ver como se desarrollan los acontecimientos,

proponiendo realizar más gestiones con el Gobernador, con la intención de garantizar la

seguridad de los cobradores de la luz y de las casas, que frecuentemente eran agredidos

en los barrios. Su discurso se radicalizará a partir del 18 de julio de 1936, y quedará

definido en una solicitud de este mismo día, firmada por Enrique Ramos Puentes y

Francisco Ruiz Gutiérrez (Presidente y Secretario por entonces de la Cámara), dirigida

al Ministro de Hacienda. En esta solicitud de moratoria del pago de las contribuciones e

impuestos urbanos en Málaga, se volverá a quejar del desamparo en que se encontraban

los propietarios urbanos y no así los inquilinos y sus dirigentes, que habían conseguido

impedir el pago de casi un 80% de los alquileres y ocupar numerosas casas, sin que

ninguna autoridad pusiera coto a estos desbordamientos, y propondrá como solución,

que los Jueces tramitaran los juicios de desahucio y efectuaran los lanzamientos que

procedieran, pero siempre contando con el apoyo indispensable de las autoridades

gubernativas y policiales, para que garantizaran la efectividad de las sanciones que se

impusieran.

Será por estas mismas fechas cuando se produzca el Alzamiento Nacional y ese

mismo día la Cámara se convertirá, al igual que muchas instituciones, empresas y

particulares malagueños, en objeto de de todos los desmanes. Sus oficinas, que en aquel

momento se encontraban en un piso de la C/ Severiano Arias (antes Convalecientes),

nº 11, fueron asaltadas, destrozando todo el mobiliario y desapareciendo gran parte de

su documentación. Igualmente sufrirá la perdidas de algunos de sus miembros que

fueron asesinados (Peralta Bundsen, Temboury Álvarez y Santos Ruiz).¹

En aquel entonces, como ahora la anomia y el miedo propiciaba la destrucción de la propiedad inmobiliaria y con ello socavar las bases del mercado libre.

¿que pasaría si los caseros no tuviesen miedo de alquilar sus propiedades? ¿que pasaría si los okupas mutasen a presos? Les cuento: de la noche a la mañana brotarían miles y miles de casas para alquilar y con ello una reducción sin precedentes de precios o rentas de alquiler. ¿a quien beneficia esto? Acontece que los inquilinos decentes que pagan sus rentas y cumplen sus obligaciones se ven abocados a pagar una mayores rentas de alquiler porque hay muchos propietarios que tienen miedo y o bien las cierran dejándolas vacías o la destinan a otros usos.

Las consecuencias son, -como sabemos todos- que se produce una transferencia de rentas de propietarios temerosos a propietarios temerarios y de inquilinos decentes a inquilinos indecentes.

Los propietarios temerarios cobran una prima de riesgo que incrementa la cuantía de los alquileres por poner la vivienda en el mercado de alquiler, sino no les compensa asumir riesgos elevados, en tanto que los impagos de los arrendatarios indecentes son costeados por los arrendatarios decentes que pagan mayores rentas de alquiler.

¿Pero porque el gobierno a sabiendas de que sus políticas públicas producen escasez habitacional las llevan a cabo? Les cuento: los gobiernos socialdemócratas piensan que el mercado tienen fallos y proponen políticas públicas intervencionistas para optimizar al mercado, para así poder perpetuar el modelo capitalista, pero los gobiernos socialistas no solo piensan que el mercado tiene fallos, sino que no tiene que existir, de que los caseros son despiadados capitalistas, de manera que las políticas públicas intervencionistas que proponen tienen como fin derrocar el modelo capitalista para llegar a un modelo socialista. Sus reformas no van encaminadas a optimizar el libre mercado sino a derribar lo y en ese objetivo hay que contextualizar la situación que padecemos como en los albores de la guerra civil de: ocupación de viviendas, impago de alquileres, mora, falta de conservación, de limpieza….. y todo ello sin sanción y no solo por insolvencia financiera, sino o sobre todo por insolvencia moral.

Hay que decir claramente que ocupar una vivienda -y se estima que el grueso de los okupas son inquilinos que no pagan el alquiler ni desocupan la vivienda- no es un derecho, sino un delito y que tiene que ser sancionado.

Si hay personas o colectivos vulnerables, incapaces de pagar un alquiler, tiene que ser el Estado y los poderes públicos en general, los que los proporcionen y no transferir dicha carga a particulares porque eso reduce la oferta en el mercado y porque no es de recibo.

Acontece también, que el parque público de viviendas en alquiler que podría abastecer a esta “demanda vulnerable y no autosuficiente” se reduce porque pese a las cuantías módicas de alquiler, estás no son satisfechas por sus moradores, dando lugar a procesos de desahucio inevitables que son violentamente contestados, afectando a la paz social y repercutiendo en la imagen pública de los políticos por la trascendencia de los hechos y que les llevan a no promover la vivienda social o de protección pública.

El resultado de todo ello, es que la propiedad privada tiene que soportar deberes de los poderes públicos y con ello se desincentiva la inversión y promoción de viviendas, así como su tenencia para alquiler como alojamiento permanente.

A ello se une la inseguridad jurídica por la que lo que han pactado las partes contrantes de un arriendo es papel mojado a causa de la intromisión gubernativa que impone su potestad exorbitante.

En esta situación instrumentalizar al casero como chivo expiatorio y violar su propiedad y sus derechos sobre ella, legitiman dolo con el argumento, de que ocupar una vivienda es un derecho, al tiempo que se socava las bases del mercado libre, siendo un hecho que alcanza las pretensiones del gobierno socialista que padecemos y cuyo fin es auto perpetuarse en el poder por el poder y llevarnos a una sociedad socialista donde las facultades dominicales del propietario mutan en usufructuario del Gobierno o Poder Establecido. Y la prueba de ello es como se ha alojado la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario y así lo que pacten las partes de un contrato como la duración del contrato o la revisión de precios conforme al ipc y todo ello conforme a la LAU es vulnerado y violado por decretos del gobierno que atacan a la Propiedad Inmobiliaria y al ahorro para destruir las bases capitalistas y la formación de precios conforme al mercado al no haber un mercado libre en el arrendamiento de viviendas como alojamiento permanente y si un mercado cautivo de los intereses de un gobierno socialista y de su fin último: la abolición del capitalismo

1- Historia de La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Málaga. Ángel C Rojo Ramos

2- propiamente no se revisa precio en términos constantes, sino en términos nominales, por lo que el concepto adecuados es actualización. Y actualizar no es subir, sino mantener y esto se lo tendrían que explicar a los políticos y burócratas que gobiernan y administran para desmayo del sentido común. 

Francisco Anaya Berrocal en Málaga a 6 de enero de 2024.