El
mercado cautivo y la abolición del capitalismo
Desde
hacia tiempo, la Cámara se venía quejando de la pasividad con que
las
autoridades
atendían las denuncias de los propietarios relacionadas con los
inquilinos y
del
escaso auxilio que les prestaban; pero también temía que se
adoptaran medidas
drásticas
con respecto a los desahucios, por los problemas que pudieran
acarrear.
Considerará
más prudente esperar a ver como se desarrollan los acontecimientos,
proponiendo
realizar más gestiones con el Gobernador, con
la intención de garantizar la
seguridad
de los cobradores de la luz y de las casas, que frecuentemente eran
agredidos
en
los barrios. Su discurso se radicalizará a partir del 18
de julio de 1936, y quedará
definido
en una solicitud de este mismo día, firmada por Enrique Ramos
Puentes y
Francisco
Ruiz Gutiérrez (Presidente y Secretario por entonces de la Cámara),
dirigida
al
Ministro de Hacienda. En esta solicitud de moratoria del pago de las
contribuciones e
impuestos
urbanos en Málaga, se volverá a quejar del desamparo en que se
encontraban
los
propietarios urbanos y no así los inquilinos y sus dirigentes, que
habían conseguido
impedir
el pago de casi un 80% de los alquileres y ocupar numerosas casas,
sin que
ninguna
autoridad pusiera coto a estos desbordamientos, y propondrá como
solución,
que
los Jueces tramitaran los juicios de desahucio y efectuaran los
lanzamientos que
procedieran,
pero siempre contando con el apoyo indispensable de las autoridades
gubernativas
y policiales, para que garantizaran la efectividad de las sanciones
que se
impusieran.
Será
por estas mismas fechas cuando se produzca el Alzamiento Nacional y
ese
mismo
día la Cámara se convertirá, al igual que muchas instituciones,
empresas y
particulares
malagueños, en objeto de de todos los desmanes. Sus oficinas, que en
aquel
momento
se encontraban en un piso de la C/ Severiano Arias (antes
Convalecientes),
nº
11, fueron asaltadas, destrozando todo el mobiliario y desapareciendo
gran parte de
su
documentación. Igualmente sufrirá la perdidas de algunos de sus
miembros que
fueron
asesinados (Peralta Bundsen, Temboury Álvarez y Santos Ruiz).1
En
aquel entonces, como ahora la anomia y el miedo propiciaba la
destrucción de la propiedad
inmobiliaria y con ello socavar las bases del mercado libre.
¿que
pasaría si los caseros no tuviesen miedo de alquilar sus
propiedades? ¿que pasaría si los okupas mutasen a presos? Les
cuento: de la noche a la mañana brotarían miles y miles de casas
para alquilar y con ello una reducción sin precedentes de precios o
rentas de alquiler. ¿a quien beneficia esto? Acontece que los
inquilinos decentes que pagan sus rentas y cumplen sus obligaciones
se ven abocados a pagar una mayores rentas de alquiler porque hay
muchos propietarios que tienen miedo
y
o bien las cierran dejándolas vacías o la destinan a otros usos.
Las
consecuencias son, -como sabemos todos- que se produce una
transferencia de rentas de propietarios temerosos a propietarios
temerarios y de inquilinos decentes a inquilinos indecentes.
Los
propietarios temerarios cobran una prima de riesgo que incrementa la
cuantía de los alquileres por poner la vivienda en el mercado de
alquiler, sino no les compensa asumir riesgos elevados, en tanto que
los impagos de los arrendatarios indecentes son costeados por los
arrendatarios decentes que pagan mayores rentas de alquiler.
¿Pero
porque el gobierno a sabiendas de que sus políticas públicas
producen escasez habitacional las llevan a cabo? Les cuento: los
gobiernos socialdemócratas
piensan que el mercado tienen fallos y proponen políticas públicas
intervencionistas para optimizar al mercado, para así poder
perpetuar el modelo capitalista, pero los
gobiernos socialistas
no solo piensan que el mercado tiene fallos, sino que no tiene que
existir, de
que los caseros son despiadados capitalistas, de
manera que las políticas públicas intervencionistas que proponen
tienen como fin derrocar el modelo capitalista para llegar a un
modelo socialista. Sus reformas no van encaminadas a optimizar el
libre mercado sino a derribar lo y en ese objetivo hay que
contextualizar la situación que padecemos como en los albores de la
guerra civil de: ocupación de viviendas, impago de alquileres, mora,
falta de conservación, de limpieza….. y todo ello sin sanción y
no solo por insolvencia financiera, sino o sobre todo por insolvencia
moral.
Hay
que decir claramente que ocupar una vivienda -y se estima que el
grueso de los okupas son inquilinos que no pagan el alquiler ni
desocupan la vivienda- no
es un derecho, sino un delito y que tiene que ser sancionado.
Si
hay personas o colectivos vulnerables, incapaces de pagar un
alquiler, tiene que ser el Estado y los poderes públicos en general,
los que los proporcionen y no transferir dicha carga a particulares
porque eso reduce la oferta en el mercado y porque no es de recibo.
Acontece
también, que el parque público de viviendas en alquiler que podría
abastecer a esta “demanda vulnerable y no autosuficiente” se
reduce porque pese a las cuantías módicas de alquiler, estás no son
satisfechas por sus moradores, dando lugar a procesos de desahucio
inevitables que son violentamente contestados, afectando a la paz
social y repercutiendo en la imagen pública de los políticos por la
trascendencia de los hechos y que les llevan a no promover la
vivienda social o de protección pública.
El
resultado de todo ello, es que la propiedad privada tiene que
soportar deberes de los poderes públicos y con ello se desincentiva
la inversión y promoción de viviendas, así como su tenencia para
alquiler como alojamiento permanente.
A
ello se une la inseguridad jurídica por la que lo que han pactado las partes contrantes de un arriendo es papel mojado a causa de la intromisión gubernativa que impone su potestad exorbitante.
En
esta situación instrumentalizar al casero como chivo expiatorio y
violar su propiedad y sus derechos sobre ella, legitiman dolo con el
argumento, de que ocupar una vivienda es un derecho, al tiempo que se
socava las bases del mercado libre, siendo un hecho que alcanza las
pretensiones del gobierno socialista que padecemos y cuyo fin es auto
perpetuarse en el poder por el poder y llevarnos a una sociedad
socialista donde las facultades dominicales del propietario mutan en
usufructuario del Gobierno o Poder Establecido. Y la prueba de ello
es como se ha alojado la inseguridad jurídica en el mercado
inmobiliario y así lo que pacten las partes de un contrato como la
duración del contrato o la revisión de precios conforme al ipc y
todo ello conforme a la LAU es vulnerado y violado por decretos del
gobierno que atacan a la Propiedad Inmobiliaria y al ahorro para
destruir las bases capitalistas y la formación de precios conforme
al mercado al no haber un mercado libre en el arrendamiento de
viviendas como alojamiento permanente y si un mercado cautivo de los
intereses de un gobierno socialista y de su fin último: la abolición
del capitalismo
1-
Historia de La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Málaga.
Ángel C Rojo Ramos
2- propiamente no se revisa precio en términos constantes, sino en términos nominales, por lo que el concepto adecuados es actualización. Y actualizar no es subir, sino mantener y esto se lo tendrían que explicar a los políticos y burócratas que gobiernan y administran para desmayo del sentido común.
Francisco
Anaya Berrocal en Málaga a 6 de enero de 2024.