REESTRUCTURACIÓN: ADELGAZAMIENTO Y ENGORDE DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL. Apuntes para programa
municipal
Conocer el funcionamiento de la Administración Pública, en una democracia representativa,
que no directa, que requiere intermediarios (políticos y burócratas) para el
desarrollo de las elecciones colectivas, que se llevan a cabo por medio de diversos
sistemas de votaciones , hace necesario descubrir la conducta de votantes y
políticos. Si analizamos el comportamiento de votantes y políticos desde un
modelo basado en la maximización de beneficios, nos llevaría al resultado, que
los votantes tienden a una actitud pasiva, una vez terminado el proceso
electoral, dado el carácter público de las medidas políticas, que hacen que los
beneficios sean conjuntos o globales, no pudiéndose excluir a terceros de su uso y disfrute; pero es que
esta actitud en el propio proceso electoral es pasiva, habida cuenta que los
costes de tiempo y dinero para estudiar a que electores elegir, una vez
decidido votar son inviables, quedándose por tanto solo con la información
gratuita. Por otra parte la conducta de los políticos, según este modelo, será
maximizar el número de votos mediante la generación de programas que sirvan
para ganar elecciones(democracia participada) y
no ganar elecciones para llevar a cabo programas, que permitan la
transformación de la sociedad en la dirección convenida (democracia
participativa). De manera que los programas políticos se conciben como métodos
de persuasión y manipulación para votantes, los cuales no tienen medios para
detectar las mentiras que contienen y
así parece, que nos dan la facultad de elegir, pero ya está todo HECHO.
Estos electores son personas que quieren ser elegidas
para incrementar sus rentas, (ya sea a corto o largo plazo), incrementar su
prestigio e incrementar su poder, que le viene de pertenecer al partido
político en la gobernanza. Esto se legitima
cuando se dice y no se oculta.
De este modo se origina una dinámica, por la cual las
necesidades colectivas cuando son detectadas por sus representantes, (dado que
cuando no lo son se produce la abstención en el proceso electoral), se
formalizan en programas políticos cuya ejecución se materializa en presupuestos
públicos que requiere el concurso de otros intermediarios, que no son políticos
y me refiero a los burócratas, para su realización. El político o sponsor fija
el volumen y composición del presupuesto, lo que conlleva un monopolio de
demanda; pero por otro lado, el burócrata o patrocinado es exclusivo en la
generación del bien o/y servicio público, razón por la cual se constituye un
monopolio de oferta; encontrándonos por tanto,
en un monopolio bilateral. Pero este monopolio bilateral, consistente en
organismos públicos que ofrecen bienes y servicios públicos a cambio de dinero
o dotación presupuestaria, que decide
los políticos es solo aparente, en base a que la información es asimétrica y lo
es porque el burócrata conoce más y mejor que el político los costes y los
procesos de producción y/o distribución de bienes y/o servicios públicos. Y
esto es así, porque el burócrata dispone de su tiempo de modo exclusivo para
ello, en tanto que el político prioriza su tiempo, en la obtención de votos y
su conducta la guía este móvil y por ende la ejecución de programas y sus consiguientes
presupuestos. Esta asimetría en la información conlleva una posición de ventaja
del burócrata sobre el político, que se traduce en un incremento del gasto
público, ya que así maximiza su utilidad. Este marco institucional que conforma
esta conducta intraburocratica, no la alcanza a percibir la ciudadanía con el
rum rum de mejoras sociales asociadas con
un mayor gasto público.
Por tanto, el programa de Ciudadanos, a mí entender y en
base a lo comentado anteriormente debería tender a proponer medidas que
transformen dicho marco institucional
como:
1- Redefinición
del ámbito municipal en particular y de la administración en general, en cuanto
a solo proporcionar bienes y servicios públicos y nunca privados. Entendiendo
por público aquellos bienes y servicios a) cuya concurrencia en su consumo y
uso, por particulares no impide el de
terceros b) o no es posible la cuantificación del coste individual por ser
mayor dicho coste al bien o servicio proporcionado.
2- Bienes
y servicios privados que se producen y distribuyen en régimen de competencia imperfecta de
monopolio de la oferta y mientras dure dicha situación, por los costes sociales
que generan de disfunción económica pasarían a desempeñarlos la administración
directamente y no por medio de terceros, como empresas públicas o fundaciones.
3- En
consonancia con el principio motor que informa nuestro modo de hacer política,
(en base a tomar decisiones y proponer
medidas, que no generan votos favorables, pero que tienen primacía por su
sentido común e interés general, tendentes a concebir la Política como
instrumento para transformar la sociedad
y su regeneración, y no como un instrumento de colocación o yacimiento de excelentes puestos de
trabajo, para la maquinaria electoral de los partidos políticos reinantes:
partidocracia, en el interior de la
Administración), proponemos la erradicación de los cargos de confianza de los
políticos de turno y su sustitución, cuando sea pertinente por funcionarios de
carrera, cuando no se proceda a la amortización de dichos cargos de
confianza.
4- Esta
medida sería extensible a las empresas y fundaciones municipales, que
requeriría un replanteamiento de la composición de las mismas, así como de su
naturaleza jurídica y destino y que conllevaría el retorno al seno del
ayuntamiento de bienes y servicios públicos que se realizan por medio de las
mismas (empresas municipales y fundaciones). Ya que las mismas no pueden ser un
coladero de colocaos o enchufaos; por otra parte, en dichas entidades se
realizan compras de bienes, servicios y obras, que se regulan por criterios
privados o conveniencia y no por criterios públicos, lo cual no es de recibo ni
coherente. Y no lo es porque los bienes públicos se caracterizan, porque no son
susceptibles de apropiación individual, en cuanto que su consumo, uso y
disfrute, no impide el de terceros. Por otra parte su cuantificación (en cuanto
a su coste) singular no es posible y su
producción y/o distribución se realiza en condiciones de monopolio de oferta,
de modo que el precio no está fijado por el mercado libre. Ejemplo de ello
sería el suministro de agua, cuya infraestructura (distribución) es solamente
una y el costo social y económico de que hubiese varias sería insostenible y
fuera de todo raciocinio, motivo por lo cual fundamenta que dicho ofertante se
relacione con contribuyentes o
administrados y no con clientes,
o sea con normas de derecho público y no privado.
5- Igualación
de los empleos públicos a los empleos privados. Así , a modo de ejemplo: ¿Por
qué un conductor de autobús de la
E.M.T.es más y mejor retribuido que un conductor de ALSA o Portillo? ¿Por qué los
jardineros del ayuntamiento son más y mejor retribuidos, que los jardineros de
una empresa privada?..............No se puede tener y sostener por más tiempo esta situación y máxime cuando
la única política presupuestaria posible, habida cuenta del sistema monetario
europeo, es volver a crecer mediante el control del déficit presupuestario y
reformas estructurales tendentes a ajustar el volumen y composición de
servicios públicos al nivel de renta de cada país. Ya no es posible devaluar la
moneda dada la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema monetario, por lo
que los incrementos de productividad vendrán por la reducción de costes de
producción y por ende, el de salarios. Que traducido al sector público supondrá
reducción del número de empleados
públicos y el de sus retribuciones. Reducción de empleados públicos que
conllevara la amortización de contratos administrativos y laborales en el seno
de la corporación, así como otras formas contractuales y la elevación de los funcionarios de carrera.
6- Paralelo
a la reducción del gasto público en términos cuantitativos (pecuniarios), no lo
tiene que serlo en términos cualitativos, dado que los mismos servicios se
pueden realizar por menor coste, aplicando las reformas señaladas; así como se
pueden crear otros métodos de producción de servicios públicos como la
potenciación de los Banco de Tiempo, que generan la coparticipación de la
ciudadanía y fomentan la cohesión social. Los cuales por otra parte deberían
ser obligatorios para la población activa no empleada que careciera de
capacidad de pago para hacer frente al pago de multas y tributos en general
mediante su sustitución por trabajos para la comunidad obteniendo moneda social
canjeable por el impago fijado en euros.
7- En
la medida que se vayan reduciendo el gasto y la consiguiente de deuda y
paralelo a los mismos ir reduciendo la carga tributaria a los ciudadanos, así
como ir modificando y transformando la composición de la misma, dando prioridad
al ahorro. A modo de ejemplo sería la exención en el impuesto del incremento
del valor de los terrenos (plusvalía municipal) cuando el hecho imponible
proceda del impuesto de sucesiones y donaciones; impuesto por otra parte de
carácter confiscatorio e inequitativo, dado que grava la renta ahorrada, lo que
no hace con la gastada. Estas políticas de fomento del consumo e deuda y desincentivar el ahorro, son las que nos
han llevado a la crisis.
8- Mejorar
la imagen del ayuntamiento en la
ciudadanía, para que esta a modo de ejemplo, deje de verla, como es el caso de
la policía local, como un mero órgano recaudatorio , ( así al menos se percibe,
aun cuando no sea así), que persigue las infracciones y delitos que producen
ingresos al erario público, pero no, a los que no lo producen (ingresos) y que por tanto no está al servicio del
ciudadano, sino de sus necesidades financieras; a modo de ejemplo, un vecino
que se hace una casa con cochera, tras haber pagado las correspondientes
licencias de obras al inicio y de ocupación , al término de la misma y que
llama a la policía por que hay un
vehículo u otros obstáculos en el acceso a la cochera y está le deniega el
auxilio por no haber sacado la tasa de vado, cuando las licencias habilitaban y
homologaban la existencia de la cochera, cuyo normal destino es la entrada y
salida de carruajes (no se debe gravar el uso o acceso, cuando ya se gravo su
constitución). A modo de chiste, podrían sacarse de la chistera una tasa que
gravara la entrada y salida de personas de las entradas o porterías de sus
casas, aunque mejor será que no le demos ideas (analogía).
9- Una
política presupuestaria encaminada a la amortización de la deuda, al menos a
medio plazo y con el límite de impedir la existencia del déficit y un
amejoramiento de las correcciones de las
desviaciones en tiempo y forma.
10- El establecimiento obligatorio de la
suscripción de póliza de seguro de responsabilidad subsidiaria de los partidos
políticos con representación municipal por el ejercicio desviado e irregular de
los cargos electos pertenecientes a los mismos.
Continuará